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Los préstamos del ICO se crearon para ayudar a las empresas y a los trabajadores autónomos afectados por la pandemia de la COVID-19. Estos préstamos cuentan con el respaldo del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Santander quiere mejorar las condiciones de estas líneas de crédito ICO. Necesitan ser más flexibles y adaptarse a la realidad de las empresas, afirma.
¿Qué son?
Los préstamos ICO, también conocidos como préstamos COVID 2019, son mecanismos de financiación diseñados e implementados por el Estado para facilitar el financiamiento a empresas y trabajadores autónomos afectados por la crisis derivada de la pandemia. La principal característica de este tipo de crédito es que cuenta con la garantía estatal, lo que supone un menor riesgo para el banco al momento de prestar sus propios fondos.
En consecuencia, ICO puede ofrecer financiación en condiciones muy ventajosas, tanto como línea de crédito como proyecto de inversión, lo que permite a las empresas y a los autónomos desarrollar sus negocios sin poner en peligro la liquidez que necesitan para nuevas inversiones o mejoras (dentro y fuera de España).
Las líneas ICO están disponibles para pymes, grandes empresas y profesionales autónomos. Facilitan el pago anticipado de facturas derivadas de actividades de exportación o de costes derivados de la producción de bienes y servicios destinados a mercados extranjeros. El importe máximo de financiación es de 12,5 millones de euros, con un plazo de amortización de hasta 20 años. Las líneas ICO no tienen gastos de cancelación ni de gestión, ni tampoco generan intereses. Sin embargo, es necesario presentar documentación que acredite ciertas garantías para la concesión del crédito. Esto incluye fotocopias de las dos últimas declaraciones de la renta o certificados de empadronamiento, así como documentación que acredite ingresos estables a lo largo del tiempo y referencias profesionales y empresariales.
¿Cómo funcionan?
El préstamo del ICO (Instituto de Crédito Oficial) cobró notoriedad durante la crisis de la COVID-19 como una forma de financiación para empresas y autónomos. Funciona como cualquier otro préstamo y, de hecho, es gestionado por entidades de crédito con las que el ICO tiene convenio. Sin embargo, su principal característica es que está garantizado por el Estado y que, en caso de impago, el banco solo emprende acciones legales contra la entidad gestora del préstamo, no contra el deudor.
Esto permite al ICO ofrecer préstamos con condiciones muy competitivas. La entidad que otorga la línea de crédito definirá las garantías mínimas requeridas, si bien también tendrá en cuenta su solvencia y la viabilidad general del proyecto. Una vez tomada la decisión, se notificará al Instituto de Crédito Oficial, que gestionará el desembolso de los fondos.
De la misma manera que el crowdfunding se ha convertido en una herramienta para obtener financiación para proyectos digitales, cada opiniones welp vez es más común que las empresas realicen una ICO. En este tipo de operación, el proyecto publica un documento, denominado libro blanco, que describe los objetivos y el uso de los nuevos tokens que se crearán. Los inversores pueden adquirir estos tokens utilizando moneda fiduciaria o criptomonedas. El proyecto utiliza estos fondos para desarrollar la plataforma o el producto.
¿Quiénes pueden beneficiarse de ellos?
Los préstamos del ICO están dirigidos a empresas y trabajadores autónomos, tanto españoles como extranjeros, que desarrollan su actividad empresarial en España. Pueden solicitar financiación para cubrir necesidades de liquidez y gastos derivados de la caída de la facturación generada por la pandemia de la COVID-19, así como para el pago de deudas, en cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales.
Estos préstamos son financiados por el Estado, que solicita a determinadas entidades financieras en España que los concedan a empresas y autónomos, garantizando su reembolso en caso de impago. De esta forma, el ICO contribuye a mitigar el impacto de la pandemia en el ciclo económico, asegurando que las empresas y los autónomos puedan continuar su actividad y saldar sus deudas sin tener que recurrir a préstamos personales ni liquidar activos (Catalini y Gans 2018; Frizzo-Barker et al. 2019).
La ICO, como Instituto Oficial de Crédito, es responsable de diseñar y definir las principales características de estas facilidades crediticias, así como de suscribir los acuerdos correspondientes con las entidades financieras para su distribución en sus redes. Asimismo, establece las líneas de garantía que se ofrecen y decide qué garantías se proporcionarán.
Estos préstamos se solicitan en las sucursales bancarias, que analizan y tramitan la operación, asumiendo el riesgo de impago y constituyendo la garantía que se impondrá al solicitante. En caso de mora, esta garantía deberá estar cubierta por el patrimonio de la empresa.
¿Cuáles son los requisitos?
Los préstamos ICO están diseñados para empresas y trabajadores autónomos que han sufrido una fuerte caída de ingresos durante la crisis de la COVID-19. Estas líneas de crédito pueden cubrir necesidades de liquidez, incluidas las derivadas del vencimiento de deudas. No cubren otros gastos operativos, como el alquiler o los salarios.
ICIO diseña las características principales de estas líneas de crédito y suscribe los correspondientes acuerdos de colaboración con las entidades financieras, quienes se encargan de analizar las operaciones, determinar las garantías necesarias, aprobar la financiación y asumir el riesgo asociado a las mismas. Esto permite a ICIO concentrar sus recursos en los casos más críticos y proporcionar financiación con mayor rapidez.
Estas líneas de crédito están dirigidas a pymes y trabajadores autónomos que necesitan liquidez para cubrir sus necesidades operativas o financiar activos fijos. El importe máximo de financiación es de 12,5 millones de euros y el plazo de amortización es de 20 años. Estas líneas de crédito no tienen gastos de gestión ni de apertura, ni tampoco penalización por cancelación.
Sin embargo, el Instituto de Crédito Oficial ha establecido que los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos de documentación. Estos requisitos varían según la entidad que administra la línea de crédito. Por ejemplo, BBVA exige fotocopias de documentos que acrediten la solvencia de la empresa o del trabajador autónomo, así como el comprobante de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
